lunes, diciembre 31, 2012

La Responsabilidad Social Corporativa en el sistema internacional: la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE,  fundada en 1961, y con sede en París, es una organización de corporación internacional hoy compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar  políticas económicas y sociales. El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente.[1] 

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son un conjunto  de principios y estándares de adopción voluntaria dirigidas a las "empresas multinacionales" que operan en o desde países de la OCDE. Las recomendaciones no son obligatorias aunque los 33 gobiernos de la OCDE son instados a la promoción de su observancia.[2] El contenido abarca varios ámbitos  como el trabajo infantil y forzado, las relaciones sociales, la protección del ambiente, la protección de los consumidores, la transparencia y la publicación de información reservada, la lucha contra la corrupción, las transferencias de tecnología, la competencia y la fiscalidad.[3]

De los  planteamientos de la OCDE sobre responsabilidad social corporativa debe destacarse la constatación de que la adopción formal y voluntaria de códigos o estándares por parte de las empresas no es suficiente, de tal forma que es imprescindible la  transparencia respecto de la implantación efectiva del código, el nivel de cumplimiento del mismo, así como del régimen de sanciones aplicable. El documento de la OCDE también se refiere a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y al ejercicio, por parte de los inversores institucionales de sus derechos de voto; a estos últimos también se les pide el abandono de la pasividad respecto a las prácticas de gobierno de empresas en cartera, y que lleven un registro público en el que se de a conocer el sentido de sus votaciones sobre los anteriores asuntos.[4] 

La OCDE presta atención a las relaciones societarias con los grupos de interés concurrentes en la actividad empresarial, incluso el establecimiento de mecanismos que permitan la participación de los empleados en el gobierno de las sociedades.  Los principios de la OCDE también recomiendan el establecimiento de procedimientos que permitan que los grupos de interés puedan comunicar al consejo de administración información acerca de prácticas irregulares de la compañía, y animan a las empresas a adoptar políticas de transparencia informativa en asuntos de responsabilidad social corporativa. Se entiende que dicha información puede ser de utilidad para que los inversores y otros grupos de interés puedan formarse una imagen más cabal de las compañías.

En cuanto a la transparencia informativa en materia de gobierno corporativo, y en línea con los códigos más avanzados, las recomendaciones de la OCDE piden que los consejos informen acerca de la remuneración e historial de los consejeros, abogan de forma indirecta por la separación entre presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo de la compañía, y solicitan que los consejeros hagan pública su pertenencia a otros consejos de administración. Las compañías deben considerar si la pertenencia de sus consejeros a otros consejos de administración es compatible con el desempeño de sus funciones.[5]



[1] Países integrantes (ordenados por año de ratificación de la Convención de la OCDE): Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía (todos en 1961), Japón (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), República Checa (1995), Hungría (1996), Polonia (1996), Corea del Sur (1996) y Eslovaquia (2000)
[2] Los países miembros de la OCDE deben establecer puntos nacionales de contacto (PNC) encargados de la difusión y promoción de las Líneas  Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, y de colaborar en la resolución de controversias sobre conductas empresariales.
[3] OSPINA, Alexandra.La Empresa Buena”.  Publicado en Desarrollo Humano e Institucional en América Latina No. 46. 30 de septiembre de 2003. Página 12
[4] FEENEY, Patricia. Editor. “Cinco años después: una revisión de las Directrices de la OCDE y los Puntos Nacionales de Contacto”. OECD Watch. Published by SOMO - Centre for Research on Multinacional Corporations.  Ámsterdam. 2005. 
[5] LAFUENTE Alberto, PUEYO Ramón. “La caducidad del Informe Aldama” Publicado en el diario Expansión, el 5 de febrero de 2004. Tomado de Tomado de: Artículos RSC 2000 – 2004 Fundación Ecología y Desarrollo. Madrid, 2004.