lunes, diciembre 17, 2012

Empresa y conflicto armado: un debate aún no cerrado



Frente a la pregunta de cuál debe ser el papel que deben tener las empresas privadas – sus dueños, directivos y trabajadores – en el conflicto armado colombiano para prevenir su agudización y  daños, para ayudar a superarlo y para construir la paz, la Universidad de los Andes  refirió los trabajos de investigación elaborados por  la Fundación Ideas para la Paz en asocio con  Internacional Alert; de la  Fundación Alvarice, de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la propuesta presentada por la Delegación del Gobierno Nacional para ser discutidos en la Mesa de Diálogo con el ELN en el encuentro de abril de 2007.
La Presidencia de la República presentó en el primer semestre de 2003 La Estrategia  de Cooperación Internacional,[1] como documento oficial del Estado Colombiano, para invitar a la comunidad internacional  a fortalecer la coalición internacional que viene trabajando por la paz de Colombia, a través del apoyo decidido y concreto de la propuesta de cooperación que se detalla en este documento.[2]   El documento, debatido y concertado con diferentes actores nacionales, se presentó  ante los representantes de la Mesa de Donantes de Londres[3], quienes manifestaron  su intención de revisar y reorientar los programas de cooperación oficial regular con Colombia, con el fin de apoyar al Gobierno del Presidente Álvaro Uribe para encontrar una solución negociada al conflicto colombiano, sobre la base del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.[4]   La Estrategia fue consultada por el Ministerio de Relaciones  Exteriores y la ACCI a entidades del orden nacional y concertada con las fuentes cooperantes en Colombia, según los intereses estratégicos de cooperación en el país.  
En 2005 se llevó a cabo el primer ejercicio de seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil - OSC a la Declaración de la Mesa de Donantes de Londres y nuevas declaraciones de consenso del sector empresarial privado, entre ellos, de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional  y de las OSC, declaraciones que fueron calificadas como cargadas de mayor madurez y de compromiso de los sectores no gubernamentales para conseguir una salida negociada al conflicto armado colombiano, al asumir que la paz y la seguridad no son sólo como responsabilidad estatal sino como un tejido cotidiano al que se suma la ciudadanía y el sector privado.
En situaciones de guerra,  las Naciones Unidas, los tratados internacionales de Derechos Humanos y el llamado Derecho Internacional Humanitario, resaltan el rechazo a cualquier forma de apoyo civil a grupos irregulares que participan en el conflicto armado y reconocen el monopolio único y exclusivo de las armas por parte del Estado.
Sin proponérselo, las actividades de una compañía interactúan de muchas maneras en los conflictos armados. Por ejemplo, sus inversiones pueden causar conflictos debido a reasentamientos de poblaciones que generaran tensiones entre las comunidades locales y las reubicadas, o pueden interactuar con  tensiones preexistentes como el caso de la contratación de grupos étnicos no locales que incrementa el riesgo de resentimiento en los demás; o cuando las medidas de seguridad parecen favorecer a instituciones militares o políticas que son vistas con sospecha por las comunidades locales. Al mismo tiempo, el conflicto puede afectar la operación diaria y económica de las empresas al imponer costos no contemplados como al ataque y posterior arreglo de las infraestructuras o  secuestros de los trabajadores.
Pero igualmente, muchas empresas contribuyen de manera directa a perpetuar las causas y consecuencias del conflicto. En la Serie  FIPSiguiendo el conflicto: hechos y análisis,  los investigadores Alexandra Guáqueta, Gerson Arias y Giovanni Mantilla analizan los dilemas de los empresarios, grandes y pequeños, en el conflicto armado colombiano. En Colombia, casos recientes como el de la Chiquita Brands y de la Drummond LTD, han puesto de manifiesto que la extorsión llega a ser alrededor del 40 por ciento de los ingresos de los grupos ilegales del país.   Y Si bien es cierto que en Colombia existe una Política contra la extorsión y el secuestro extorsivo[5] y que las capacidades para combatirlo han sido mejoradas, aún el porcentaje de denuncia sigue siendo mínimo.  Además, acudir a la protección de las Fuerza Pública tiene riesgos adicionales, como por ejemplo el que sus miembros o contratistas de vigilancia privada incurran en violaciones de derechos humanos o tenga vínculos con grupos armados ilegales, que es lo que pudo haberle ocurrido a Drummond LTD.
La tendencia internacional es la del rechazo a conductas empresariales que perpetúen el conflicto y una creciente aceptación de que las empresas, tanto multinacionales como locales pueden y deben hacer más en materia de promoción y respeto de los derechos humanos y adoptando el principio de no hacer daño. Igualmente, la adopción de códigos voluntarios, manuales de procedimientos de organismos internacionales y estándares de calidad con impacto real
En el artículo Las empresas locales y la paz: el potencial de construcción de paz del sector empresarial nacional publicado por el FIP e Internacional Alert en la Revista Punto de Encuentro No. 40, el análisis llega más allá del mero impacto económico que genera el conflicto al sector privado local: en dondequiera que haya guerra o inestabilidad, el sector empresarial local se ve enormemente afectado. Experimenta una reducción en la inversión, daños a la infraestructura, ataques directos, pérdida de oportunidades, empleos, capital y acceso a los mercados; costos relacionados con la imprevisibilidad o la operación en ambientes conflictivos. A diferencia de los inversionistas extranjeros, los empresarios locales a menudo no están en condiciones de responder simplemente reubicando su inversión.
Para el FIP, dos corrientes de pensamiento apoyan formulación de políticas públicas respecto a la participación del sector privado en la construcción de estrategias de paz. La primera se sustenta sobre  el predominio de la economía del libre  mercado liderado por las inversiones del sector empresarial, extranjero o local, como motor de desarrollo y reducción de la pobreza.  La segunda corriente debilita el impacto positivo de las empresas y de la actividad económica privada y las relaciona con la economía de guerra, en donde el foco se pone sobre los grupos armados que se benefician de la guerra y los patrones de comercio que proveen una fuente de financiación para sostenerla.  La evidencia cada vez mayor que ciertos tipos de actividad empresarial desempeñan una papel poderosos en determinar la duración, la intensidad y el carácter del conflicto  propició que varias ONG’s internacionales, acompañadas de la academia y de los gobiernos locales, iniciaran una serie de investigaciones para dar respuesta y limitar la dinámica destructiva de las economías de guerra.
Igualmente, el análisis de varios conflictos internacionales[6] pone de manifiesto que las intervenciones en materia de construcción de paz por parte de cualquier actor, sea local o internacional, tienen que estar informadas por una comprensión adecuada de su  relación  con el contexto del conflicto y de sus temas subyacentes.[7] Sin lo anterior, cualquier esfuerzo por construir la paz puede ser deficiente o incluso podrá hacer más mal que bien.   Por lo tanto, si bien la construcción de paz exige un análisis concreto de la situación específica, existen cuatro grandes categorías de estrategias interdependientes para la construcción de paz: la política, la económica, de seguridad y de reconciliación, sobre el consenso de que la responsabilidad principal en el proceso de construcción de paz recae sobre los actores locales.
¿Qué motiva al empresario a iniciar acciones de paz? ¿Qué impulsa al emprendimiento concertado? Para Internacional Alert son cuatro factores claves: 1) los costos del conflicto[8], en donde la toma de conciencia, la investigación y la sensibilización se convierten en herramientas esenciales para promover el compromiso del sector empresarial. 2) El imperativo moral, que pone de manifiesto la diferencia entre el compromiso de la empresa local y de la inversión foránea, en donde los empresarios locales hacen parte del tejido social y experimentan cotidianamente el trauma del conflicto y el deterioro de las relaciones de vecindad. 3) las oportunidades exitosas y catalizadas por otros que convocan a los empresarios locales a participar en espacios de diálogo. 4) La adopción de estándares internacionales de responsabilidad social empresarial, que abordan ciertos temas que son causas directas  de conflicto, como la corrupción o las prácticas de empleo injustas, que permiten alterar las percepciones negativas de las empresas como impulsoras de los enfrentamientos.
El documento Local Business, Local Peace, elaborado por Internacional Alert describe  a su vez cuatro papeles fundamentales que las empresas locales pueden desempeñar en su participación para la construcción de paz. El primero de ellos se refiere al papel de dichas empresas en las negociaciones formales de paz, en donde pueden cumplir o un papel de apoyo, como parte del equipo de negociación, o un papel de movilización de la opinión pública, prestando asesoría, haciendo cabildeo a favor de la paz o mediante funciones de apoyo administrativo y logístico.
El segundo, hace relación a las empresas locales y a las dimensiones económicas de la construcción de la paz, en donde se hace un llamado a las empresas a conocer las causas del conflicto y a analizar si su actuación limita por ejemplo la participación de grupos étnicos o minorías sociales a los recursos, empleos y otras oportunidades derivadas del negocio, para adoptar políticas internas de inclusión social en los territorios de influencia, so pena de generar mayores resentimientos, distorsionar el desarrollo y conducir a situaciones de violencia.
El tercer papel del sector empresarial hace referencia a  la contribución que éstas pueden hacer para reparar los lazos rotos en comunidades enfrentadas. El estudio de Internacional Alert demostró que las empresas pueden aportar a la reconstrucción de relaciones duraderas y amables entre las comunidades en conflicto. Por lo general, los negocios son uno de los pocos puntos en contacto entre dos partes en conflicto y, son igualmente las primeras relaciones que se reestablecen una vez éste termina.
El cuarto papel invita a las empresas a reflexionar sobre la seguridad en el contexto del conflicto y del posconflicto, procurando ofrecer empleos a ex combatientes, ya sea como parte de un programa nacional de desarme, des­movilización y reinserción[9]  o como mecanismo propio.  Cabe resaltar el llamado de atención de Internacional Alert frente a éste papel de actuación empresarial específico, debido que cuando no existe un entorno de seguridad confiable o las fuerzas estatales no operan ade­cuadamente, a menudo las empresas se sienten motivadas a proveerse su propia seguridad, ya sea contratando compañías de seguridad priva­das o mediante grupos de vigilancia. Aunque esto puede tener beneficios positivos al ofrecer em­pleo no militar a ex combatientes, también puede significar una erosión adicional de una fuerza de seguridad incluyente y que pueda rendir cuentas. Este tema debe ser manejado con sumo cuidado por las empresas que busquen contribuir a una estabilidad a más largo plazo.[10]
¿Cómo participar en la construcción de paz de manera concreta? Internacional Alert   insta a analizar los factores internos, como el liderazgo y compromiso de las cabezas empresariales, la acción colectiva, intersectorial, participativa y cohesionada, la legitimidad,[11] el análisis del conflicto y autorreflexión sobre el actuar empresarial y el tamaño y el sector empresarial al que pertenece.  Y como factores externos, el entorno empresarial, el contexto político y el apoyo externo para conocer alternativas para la construcción de paz y seguridad duradera.   Por su lado,  CONPAZ, de la Universidad de los Andes  propone al los empresarios invertir en las comunidades de influencia en proyectos de desarrollo productivo, brindar programas de capacitación a comunidades, más allá de las propias actividades educativas para sus trabajadores, cumplir con las normas ambientales, con las condiciones y requisitos laborales y pagar los impuestos y contribuciones de su resorte.
Por último,  el FIP invita al sector empresarial a sumarse a las iniciativas de paz y a operar en las zonas de conflicto y de gobernabilidad frágil mediante la adopción de las guías prácticas para empresas de los sectores extractivos de petróleo, minas y gas o a la adopción de las guías adaptadas para empresas de los sectores no extractivos, como propuesta concreta para asimilar códigos y estándares de conducta que permitan superar las dificultades en las zonas de conflicto.

Ficha Técnica
Documentos de la III Sesión – Proceso de Paz: sector privado y la construcción de compromisos ciudadanos por la Paz.  Centro de educación Ejecutiva. Presidentes de Empresa.  Facultad de Administración. Universidad de los Andes.  Bogotá,  9 de mayo de 2007.
Revista Punto de Encuentro No. 40.  Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Octubre – Noviembre de 2006. Páginas 1 – 48.  http://indepaz.org.co/revistas/penc40/penc40.pdf
Guáqueta, Alexandra; Arias, Gerson; Mantilla, Giovanni. Relaciones peligrosas: Los  dilemas  de  los  empresarios en el conflicto.   Revista Siguiendo el conflicto: hechos y análisis Número 49. Fundación Ideas para la Paz – FIP. Bogotá, abril de 2007. Páginas 1-6. http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_boletines/boletin_conflicto49.pdf
Fisas, Vicenç.  Anuario  de  Procesos  de  Paz  2007.   Escola  de  Cultura  de Pau  de  la  Universidad   Autónoma   de   Barcelona  –  UAB.   Editorial    Icaria. Barcelona, 2007.  Páginas 1 – 204. http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/procesos/07anuarie.pdf
Encuentro para la negociación del acuerdo base. Propuesta metodológica y operativa.   Documento  propuesto  por  la  Delegación  del  Gobierno Nacional en  la  Mesa  de  Diálogo  de  la  Habana.   Presidencia  de  la  República           de Colombia. Alto Comisionado para la Paz.   Bogotá, abril de 2007. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2007/abril/documentos/Propuesta%20al%20ELN%20IV%2012-%2007.pdf
Rojas Rentaría, Oscar. El Sector Privado y la sociedad. Fundación Alvaralice. Presentación PowerPoint. Enero de 2007. Filminas 1 – 42.
Guáqueta, Alexandra. Operando en medio del conflicto: construcción de paz y algunas mejores prácticas de empresas colombianas. Edición Especial. Serie Working Papers FIP No. 2. Fundación Ideas para la Paz – FIP & Internacional Alert. Bogotá, Agosto de 2006. Páginas 1-22  http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_papers_fip/working_papers_fip2.pdf
Guáqueta, Alexandra. Operaciones  en   zonas   de   conflicto   y gobernabilidad  frágil: guías   prácticas  para  empresas   en  sectores            no   extractivos.   Serie  Propuestas  No. 2.  Fundación   Ideas   para   la    Paz – FIP. Bogotá, noviembre de 2006. Páginas 5 – 39 http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_propuestas/propuesta_2.pdf



[1] En el año 2006 Colombia fue clasificada en el puesto 73 sobre 177 en el índice de desarrollo humano – IDH que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.  En aras de la cooperación internacional, esto le permite acceder de manera limitada a las líneas de cooperación oficial al desarrollo preestablecidas por las fuentes bilaterales y multilaterales en materia de ayudas al desarrollo económico, ambiental y humano, ligadas a los Objetivos del Milenio – ODM de las Naciones Unidas y a la búsqueda de la reducción de la pobreza y salvaguarda del medio ambiente. Además, el conflicto armado colombiano y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes le ha permitido al país direccionar la ayuda de cooperación internacional hacia las líneas programáticas en pro de los derechos humanos y asuntos de gobernabilidad y democracia.
[2] El Gobierno Nacional diseñó la propuesta sobre la base de seis líneas programáticas: 1) Consolidar El Plan Nacional de Desarrollo Forestal en los ejes de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales; promoción de cadenas forestales productivas y desarrollo institucional. 2) Paz y reincorporación, en temas de prevención del reclutamiento, promoción de la desmovilización, atención básica, reincorporación, fortalecimiento institucional, seguimiento, monitoreo y evaluación. 3) Fortalecimiento del estado de Derecho, en las líneas de prevención e investigación y sanción, sistema nacional de información sobre derechos humanos, minas antipersonales, acceso y fortalecimiento de la justicia. 4) Desarrollo productivo y alternativo, en sustitución de cultivos, apoyo a las MIPYMES y fortalecimiento de la capacidad comercial. 5) Programas regionales de desarrollo y paz. 6) Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria en programas de coordinación y fortalecimiento institucional, prevención y protección, transición socioeconómica, atención integral en salud, bienestar familiar y seguridad alimentaria. Estrategia de Cooperación de la República de Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores – ACCI. Bogotá,  Junio de 2003. http://www.minrelext.gov.co/mre/institucional/Estrategia Cooperación1.pdf 
[3] Mesa de Donantes de Londres – 10 de julio de 2003. Representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Japón, México, Noruega, Suiza y Estados Unidos y de la Comisión Europea, la ONU y sus instituciones, la CAF,  el FMI y Banco Mundial, se reunieron para examinar la situación de Colombia.
[4] Los acuerdos adicionales a los tratados bilaterales o multilaterales  se revisan en comisiones bilaterales anuales, bianuales o quinquenales y modifican las líneas programáticas, dependiendo del interés de la Nación y de las diferentes fuentes públicas, bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la participación de entidades nacionales según los temas propuestos en las mesas de negociación.
[5] La legislación colombiana contempla el delito de financiación del terrorismo, creado por la Ley 1121 de 2006. Alguien financiaría terrorismo cuando “directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas”. La ley otorga una pena de prisión mínima de 13 años y máxima de 22 y una multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incurran en el delito.
[6] Como Local Business, Local Peace, elaborado por Internacional Alert o el Anuario  de  Procesos  de  Paz  2007. de la  Escola  de  Cultura  de Pau  de  la  Universidad   Autónoma   de   Barcelona  –  UAB.
[7] Las causas del conflicto son múltiples, multidimensio­nales, y cambian con el tiempo e incluyen la interacción de factores sociales, culturales, políticos, de seguridad, económicos, ideológi­cos y geográficos. Involucran a una gran variedad de actores, percepciones y agendas. Por lo tanto, abordar las diferentes dimensiones del conflicto demuestra que la construcción de paz es un proce­so a largo plazo con diversas actividades que buscan “fomentar el desarrollo de las condi­ciones estructurales, actitudes y modos de comportamiento político que permitan un de­sarrollo social y económico pacífico, estable y en último término próspero.
[8] La contrac­ción de la actividad económica; la pérdida de inversiones; la destrucción de infraestructura; el daño producido al capital y las fuerzas labo­rales; el daño ocasionado a socios comerciales de bandos contrarios; la falta de seguridad en el entorno de operaciones y la falta de opor­tunidades de crecimiento, son algunos de los impactos más directos que sufren los negocios durante un conflicto.  Para Angélica Rettberg, Directora de CONPAZ, el hecho de que una empresa no haya sido blanco de ataques directos no implica que ésta no esté asumiendo los altos costos asociados a la guerra.  Por ejemplo en la encuesta realizada con el apoyo del CEDE, de la Universidad de los Andes, de Internacional Alert y de CONPAZ, se demostró que la pérdida de oportunidades de negocio, el retraso en la entrega de mercancías porque las redes de distribución y transporte no estén funcionando, entre otras, son consecuencias no directas del conflicto que asume el empresario privado.
[9] Aportando financiación y logística para programas de entrega de armas ligeras y de bajo calibre; fortalecer las estructuras de seguridad oficiales; y operar a manera de fuentes de infor­mación de alerta temprana sobre recurrencia del conflicto y deterioro de la seguridad a nivel co­munitario.
[10] Las empresas locales y la paz: el potencial de construcción de paz del sector empresarial nacional publicado por el FIP e Internacional Alert en la Revista Punto de Encuentro No. 40. Página 31
[11] Adquirir legitimidad puede constituir un reto para el sector empresa­rial si algunas empresas han desempeñado -o así se las percibe- un papel en la perpetuación del conflicto. Los esfuerzos por comprometer a la comunidad empresarial deben abordar las per­cepciones negativas.