lunes, abril 26, 2010

La transparencia en la administración de recursos públicos


Según el Banco Mundial, la corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social. Augusto López, Director del Programa de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, recuerda que a mediados de siglo el tema de la corrupción no era tenido en cuenta, desde los inicios de los años 1990, el FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así como importantes instituciones internacionales, como la OCDE han ampliado el debate sobre el desarrollo incluyendo temas como la lucha contra la corrupción, la calidad de los gobiernos y el uso eficaz de la ayuda para el desarrollo.
Daniel Kaufmann, Director de Gobernanza Global en el Instituto del Instituto del Banco Mundial – WBI, estima que la corrupción factura más de un billón de dólares anuales en todo el mundo. El WBI considera que el costo del soborno equivale a un impuesto de 20% sobre el PIB mundial.
Desde 1999 entró en vigor la Convención Contra el Soborno adoptada por la OCDE, con el fin de impedir los pagos ilícitos a funcionarios públicos. Mark Pieth, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el soborno afirma que esta convención ha reducido, por ejemplo, el tamaño de la mordida ilegal en los contratos militares, que ha pasado de un 15% a un 5% en los últimos años. Si embargo, Pieth considera que las iniciativas privadas no podrán erradicar solas la corrupción y que ésta tarea es de incumbencia del sector público. Sostiene que los códigos de buena conducta del sector privado no pueden asegurar el cumplimiento de las normas ni tampoco ofrecen medios eficaces para tratar las denuncias.
La transparencia se ha convertido en un valor imprescindible para generar la confianza, de los individuos y las organizaciones, en los modelos y sistemas en los que se mueven y actúan. También la transparencia se ha integrado como una necesidad en las relaciones entre los distintos agentes que conviven en los sistemas. En este sentido, los ciudadanos, como individuos, esperan y exigen transparencia en las organizaciones e instituciones que los representan, los inversionistas demandan transparencia a los gestores de sus inversiones, los consumidores y compradores solicitan mayor transparencia respecto a la información ligada al producto o servicio, los empleados exigen y valoran la transparencia de la gestión de las organizaciones y empresas que conforman, y la sociedad en general exige más información sobre las actuaciones e impactos (económicos, sociales y ambientales) de los distintos actores que inciden en la misma.
Para el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de España, una de las bases de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa es la apertura de las organizaciones a sus grupos de interés. En este sentido debe incluirse procesos de comunicación y relación - información, negociación y participación, pues es obvio que, dependiendo de la relación y del nivel de confianza entre la organización y sus partes interesadas, los procesos serán más maduros, más abiertos y habrá mayor confianza. Así, la transparencia es la clave en las formas de comunicación que emplean las organizaciones para relacionarse y generar confianza en los demás.
El Observatorio insiste en la necesidad de evaluar el grado en el que las memorias de RSC son herramientas válidas para que la información generada sea útil para la gestión y el control interno de las propias empresas, y, en el informe 2004 sobre la RSC en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35, el Observatorio trata de determinar el uso que las empresas hacen de las memorias, si es puramente informativo o como herramienta fundamental para la rendición de cuentas, y la gestión y control internos de los procesos centrales de negocio de la compañía.
Existen distintos procesos en las organizaciones que pretenden asegurar la transparencia en la organización y a sus partes interesadas. Entre ellos se destacan los que pretenden medir, recolectar, procesar, transmitir, analizar y comunicar la información que se considera relevante para entender la realidad de la organización y su comportamiento, con el fin de tomar decisiones. Puede existir procesos sistemáticos establecidos para que este flujo sea periódico, y analizar tendencias y relaciones causa efecto sobre las decisiones tomadas. Existen procesos que buscan asegurar la fiabilidad y certidumbre de la información recibida sobre la que se basan la toma de decisiones, llamados procesos verificación, que pueden incluir actividades de validación, inspección o auditoría. Cada uno de de estos procesos tienen una certidumbre aparejada al resultado de los mismos, y normalmente se emplean los más adecuados a las necesidades de los receptores objetivos de esta información. Por ello parece lógico que estos procesos de verificación vayan siempre orientados a las expectativas de los usuarios de la información.
De otra parte, en el informe 2006 del Observatorio español, se recalca que los Derechos Humanos – DDHH, son un gran Bien Público Global – BPG que a su vez engloba y condiciona otros Bienes Públicos Globales, como son la libertad, la igualdad, la paz, la seguridad, la salud, el ambiente, la justicia, y el desarrollo, entre otros. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró el derecho de la ciudadanía al acceso a la información.
Lo anterior se basaba al inicio en el derecho que tienen todas las personas a acceder a la información en instituciones públicas, así como en privadas que presten un servicio público o reciban subvenciones de fondos públicos. Sin embargo, el desarrollo de este derecho no termina ahí, pues el derecho de las personas a saber se perfila como un derecho instrumental que permita a las personas defender el resto de derechos, que puedan verse amenazados o impactados por la actuación de las distintas organizaciones o instituciones. Por tanto, la recepción de información por parte de las personas es un derecho en sí mismo, como derecho a conocer y para poder generar su propia opinión y tomar las decisiones que considere oportunas, así como para ejercer adecuadamente su derecho a la libertad de expresión.
(…) Por lo tanto, el derecho de acceso a la información proclama que las personas tienen derecho a conocer aquellas informaciones que les permitan ejercer el resto de derechos proclamados por la Declaración. En este sentido, y en la medida en que las empresas producen impactos sobre la sociedad y el medioambiente que pueden influir en el respeto o protección de alguno o varios de los derechos proclamados, las personas tienen derecho a conocer de qué forma las empresas llevan a cabo sus actividades, qué impactos producen y cómo tratan de solucionarlos. Por tanto, es fácil entender por qué las distintas partes interesadas que pueda tener una empresa quieran ejercer el derecho de acceso a la información para evaluar los impactos y los riesgos que su actividad produce, directa o indirectamente.